LA PATRIA POTESTAD



LA PATRIA POTESTAD

Roberth Puertas Ruiz
rpuertas@pbplaw.com


El Código Civil la define como “el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados”. Este concepto fue superado con la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia, que estableció que la patria potestad “no solamente es el conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referente al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley”.
La patria potestad es un derecho-deber, que abarca los derechos patrimoniales y personales que tienen los padres en relación con sus hijos no emancipados. En cuanto a los patrimoniales, tenemos el usufructo, administración de bienes y la representación judicial y extrajudicial del hijo. Los personales se relacionan con el cuidado y protección del hijo, entre ellos: cuidado crianza, educación, alimentación, defensa y garantía de los derechos en el que se incluye el de representación judicial y extrajudicial; en definitiva, todos aquellos deberes que tienen los padres para garantizar el desarrollo integral de su hijo: físico, mental, espiritual, moral y social.
La patria potestad la ejercen conjuntamente el padre y la madre, salvo que por el bienestar del hijo, el Juez la atribuya exclusivamente a uno, para lo cual deberá escuchar al niño o adolescente. Entre las reglas que debe seguir el Juez para decidir  a quien le otorga la patria potestad, tenemos: respetar el acuerdo de los padres si no es perjudicial para el hijo; el hijo menor de 12 años deberá estar bajo la patria potestad de su madre, salvo que le sea perjudicial; si el hijo ha cumplido 12 años la ejercerá el padre que demuestre mayor estabilidad emocional y madurez psicológica y que esté en mejores condiciones de prestar la dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral; si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre, siempre que no afecte al hijo; en caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores el Juez nombrará un tutor; la opinión del hijo menor de 12 será valorada por el juez y la del mayor de 12 será obligatoria para el juez, a menos que sea perjudicial para el adolescente.
La patria potestad termina cuando el hijo se emancipa sea por razones legales, voluntarias o judiciales.  Son legales cuando: mueren los dos progenitores,  el hijo se casa, existe sentencia que entrega los bienes del padre o madre ausentes y si el hijo cumple 18 años de edad. Es voluntaria, cuando los padres emancipan al hijo y éste consiente con autorización del juez. Es judicial cuando por sentencia lo resuelve el juez en los casos establecidos en la ley.




EL APREMIO PERSONAL



EL APREMIO PERSONAL


Ab. Diego Rodríguez Mayorga
drodriguez@pbplaw.com

El artículo innumerado 22 a la ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establece que el apremio personal  procederá cuando el alimentante, obligado a la prestación alimenticia, incumpla en el pago de dos o más pensiones, el Juez/a lo hará a petición de parte y una vez constatado dicho incumplimiento. Hay que tener en cuenta que la pensión se debe pagar los primeros cinco días de cada mes y por adelantado.
Se dispondrá la medida, en un inicio, hasta por 30 días, en caso de mantenerse impago este apremio podría extenderse por 60 días y hasta por un máximo de 180 días, medida que será ordena por la autoridad conjuntamente con la prohibición de salida del país, además, en la misma resolución el Juez/a podrá ordenar el allanamiento del lugar donde se encuentre el alimentante moroso cuando exista la declaración juramentada, de la parte afectada, sobre el ocultamiento del obligado a la prestación alimenticia.
En la práctica, la parte afectada es la llamada a solicitar el apremio personal, el Juez/a atenderá dicha petición y ordenará, a la pagaduría del juzgado, realice de forma inmediata la liquidación de pensiones alimenticias adeudadas. Una vez practicada la liquidación, el Juez/a pondrá en conocimiento de las partes la misma, a fin de que ninguna de ellas se sienta perjudicada en el cálculo de la deuda, de no existir observaciones, la autoridad ordenará el inmediato pago de la deuda de alimentos por un tiempo que oscila entre 24 y 72 horas, de persistir en el incumplimiento, el Juez/a, a petición de la parte afectada, solicitará a la pagaduría, una certificación de que el alimentante se encuentra en mora, una vez emitido dispondrá el apremio personal pertinente, ya sea por 30 días, el cual en caso de reincidencia se extenderá, tal como lo manifiesta el citado Artículo, por 60 y hasta 180 días.
El Juez/a, antes de ordenar la libertad del obligado a la prestación alimenticia, debe realizar la liquidación de la totalidad de lo adeudado y se receptará el pago en efectivo o cheque certificado, una vez efectuado el pago de la totalidad adeudada, se dispondrá la inmediata libertad del alimentante.
Una vez cumplido el tiempo establecido por el Juez/a, el obligado podrá recuperar su libertad, sin embargo, es necesario aclarar, que el cumplimiento del tiempo establecido para el apremio, no extingue la deuda de pensiones alimenticias existentes, por lo cual la parte afectada podrá solicitar la medida nuevamente, realizando el mismo procedimiento detallado anteriormente, esta vez, aumentando el tiempo de duración de la medida por reincidencia en 30 días más cada vez hasta completar el máximo de 180 días contemplados por la ley.
La pensión alimenticia, a la que tienen Derecho los niños, niñas y adolescentes, debe ser cancelada a tiempo y en la forma establecida en la resolución del juez o auto conciliatorio; con el fin de evitar sanciones que perjudiquen tanto al alimentado como al alimentante.